La exclusión laboral se cronifica: el 58 % de las personas con discapacidad en paro son demandantes de larga duración y la brecha de actividad con el resto de la población supera los 43 puntos
Tras el análisis de los últimos datos del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, IMPULSA IGUALDAD denuncia que, a pesar de los ligeros avances, el mercado laboral español sigue siendo un entorno hostil y excluyente para las personas con discapacidad.
La exclusión en cifras El informe revela una realidad alarmante: la tasa de actividad del colectivo se sitúa en un exiguo 35,4 %, lo que supone una brecha de más de 43 puntos respecto al resto de la población. «No podemos hablar de plena inclusión cuando casi 7 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar están fuera del sistema», señalan desde la entidad.
Mujer y discapacidad: el eslabón más débil
IMPULSA IGUALDAD pone el foco en la brecha de género, que es tres veces más profunda en este colectivo que en el resto de la población. Mientras que en personas sin discapacidad la diferencia de afiliación entre hombres y mujeres es de 4,88 puntos, en el colectivo de discapacidad esta distancia se dispara hasta los 15,19 puntos.
Precariedad y falta de oportunidades cualificadas
El análisis de la calidad del empleo arroja datos preocupantes:
- Temporalidad sistémica: El 69,95 % de los contratos firmados por personas con discapacidad son temporales.
- Techo de cristal de cemento: El acceso a puestos de dirección es residual (0,12 %), concentrándose casi la mitad de la contratación (43,49 %) en ocupaciones elementales de baja cualificación.
Demandas de IMPULSA IGUALDAD
Ante este escenario, la organización urge al Gobierno y a los agentes sociales a:
- La persecución activa del incumplimiento de la cuota de reserva: Exigimos que se fiscalice y sancione de forma efectiva a todas las empresas que no acrediten el cumplimiento del cupo de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tal como establece la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- Veto en la contratación pública: Demandamos la prohibición inmediata de participar en licitaciones públicas a cualquier entidad o empresa que no sea capaz de certificar fehacientemente el cumplimiento de dicha cuota legal, garantizando que el dinero público no financie estructuras que perpetúan la exclusión.
- Reforzar los incentivos para la contratación indefinida y de calidad, combatiendo la tasa de estabilidad del 30,05 %.
- Políticas específicas para mujeres con discapacidad para frenar la exclusión agravada que sufren.
- Planes de formación avanzada que permitan el acceso a grupos ocupacionales técnicos y de gestión, rompiendo la concentración en el sector servicios y tareas elementales.
«Los datos de 2025 nos dicen que la discapacidad en España sigue siendo sinónimo de precariedad o inactividad. Es hora de pasar de las cuotas a la inclusión real basada en el talento y la igualdad de oportunidades», concluye el comunicado.
