IMPULSA IGUALDAD reclama la retirada de la modificación del Código Técnico de la Edificación que permitiría a la mayoría de los centros de trabajo en España proyectarse sin aseo accesible, reduciendo aún más las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad
IMPULSA IGUALDAD reclama la retirada de la modificación del Código Técnico de la Edificación que permitiría a la mayoría de los centros de trabajo en España proyectarse sin aseo accesible, reduciendo aún más las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tramita un proyecto de modificación del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) que crea una excepción para los centros de trabajo de uso privado: quedarían eximidos de disponer de aseo y vestuario accesibles para su plantilla cuando sus zonas privadas no superen los 100 m² útiles y su ocupación calculada, conforme al DB SI 3, no exceda de 10 personas.
Una oficina de 100 m² en la que trabajan simultáneamente diez personas podría proyectarse sin aseo accesible para su plantilla. Si una de esas diez personas utiliza silla de ruedas, el baño podría existir y servir a todo el equipo menos a ella.
Un límite que coincide con la mayoría de las empresas españolas
Según los datos del Directorio Central de Empresas del INE (enero de 2025), el 95,1 % de las empresas españolas tiene menos de 10 trabajadores contratados. Es, por tanto, el tramo de tamaño en el que se concentra la mayor parte del empleo del país. Suprimir la obligación de aseo y vestuario accesibles justo en ese tramo no es una excepción puntual: afecta a la inmensa mayoría de los centros de trabajo españoles y reduce, de partida, las posibilidades de las personas con discapacidad de acceder a un empleo y de mantenerlo.
Para IMPULSA IGUALDAD, esto es un retroceso normativo en toda regla: reduce, con carácter general y sin exigir que se justifique caso por caso, una condición de accesibilidad hoy exigible desde el proyecto y la construcción del centro de trabajo, sin ofrecer ninguna alternativa equivalente: obligan a la persona con discapacidad a revelar su condición, solicitar una adaptación y esperar a que se tramite, justo en el momento de buscar o de mantener un empleo.
“Una oficina no empieza a necesitar un aseo accesible cuando contrata a una persona con discapacidad: lo necesita desde que se diseña. Construir primero la barrera y ofrecer después un posible ajuste no es accesibilidad, es trasladar a la persona el coste de una exclusión que podía haberse evitado”, explica Francisco Sardón, presidente de la Confederación IMPULSA IGUALDAD España.
