El nuevo Real Decreto garantiza el acceso universal de perros de asistencia en toda España


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IMPULSA IGUALDAD celebra la aprobación del Real Decreto 409/2025, que amplía y unifica los derechos de las personas con discapacidad para acceder con sus perros de asistencia a cualquier espacio público o privado de uso público en todo el territorio español.

Esta normativa elimina las diferencias entre comunidades autónomas y asegura que las personas con discapacidad puedan estar acompañadas por sus perros de asistencia en una amplia variedad de entornos, sin restricciones arbitrarias ni obstáculos legales.

 

¿Qué cambia con este Real Decreto?

  • Acceso garantizado en todo tipo de espacios públicos: centros educativos, culturales, deportivos, sanitarios (con excepciones higiénicas justificadas), restaurantes, alojamientos turísticos, supermercados, playas y piscinas (sin acceso al agua), medios de transporte colectivo, y más.
  • Presencia en el entorno laboral: los perros de asistencia podrán acompañar a sus usuarios en el lugar de trabajo en todo momento, un derecho fundamental para garantizar la autonomía y la igualdad en el empleo.
  • Reconocimiento de nuevas figuras de perros de asistencia: además de perros guía para personas con discapacidad visual, la norma incluye perros de apoyo para personas con discapacidad auditiva, física, sordoceguera, trastorno del espectro autista, crisis sensoriales y mujeres víctimas de violencia de género o sexual.
  • Protección del bienestar animal: se establecen criterios para la formación de perros de asistencia y medidas para asegurar su descanso y cuidados, reconociendo su papel vital y evitando su sobreexplotación.

 

Un paso hacia la igualdad real

Para IMPULSA IGUALDAD, este Real Decreto supone un gran avance en lo que respecta a la promoción de la autonomía personal. La accesibilidad universal no solo se trata de eliminar barreras físicas, sino también de garantizar el respeto a las necesidades específicas de cada persona y su derecho a desplazarse libremente con el apoyo que requieren.

La unificación normativa a nivel estatal evita que las personas con discapacidad tengan que enfrentarse a un mosaico legal con diferencias territoriales que dificultaban su vida diaria y limitaban su participación plena en la sociedad.

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