El texto recoge la eliminación de las bonificaciones para la contratación temporal, tanto en el fomento al empleo en empresas ordinarias como en el protegido de los CEE, y reduce los incentivos en el caso de la contratación indefinida
Recientemente se ha conocido que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pretende aprobar por procedimiento de urgencia el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, un texto que eliminaría o reduciría las bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad, un importe en las cuotas de Seguridad Social de 225 millones de euros.
Esta regulación empeoraría las medidas recogidas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que incentiva la contratación de personas con discapacidad, ya que elimina las bonificaciones en las contrataciones temporales, tanto en el fomento al empleo en empresas ordinarias como en el empleo protegido de los CEE (Centros Especiales de Empleo), donde actualmente tiene una bonificación del 100 %.
En el caso de las contrataciones indefinidas o transformaciones en indefinidos de temporales, en el empleo ordinario se reducirían las cuantías de las bonificaciones y en el empleo protegido, los incentivos se equiparían al ordinario y se establecerían cuantías fijas y no el 100 % de ahora, lo que afectaría a las bonificaciones de grupos de cotización por encima de los más básicos, e incluso, a los más básicos a medida que se incremente el SMI.
Por estas razones, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (PREDIF) se opone frontalmente a este anteproyecto y exige el mantenimiento de las bonificaciones vigentes que protegen y fomentan la empleabilidad de las personas con discapacidad, quienes sufrirían una situación discriminatoria por no beneficiarse de medidas que promueven la igualdad de oportunidades, en este caso en el acceso al empleo. Esta normativa provocaría pérdida de empleos o la no contratación de personas con discapacidad, entre otras nefastas consecuencias para ellas, su entorno y para todos, como sociedad.
Críticas regionales
Además, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, Madrid o Galicia, como señala la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, piden su retirada y consideran que este anteproyecto invade sus competencias “al pretender hacer una regulación de los criterios que deben regir los incentivos que pongan en funcionamiento los distintos Servicios Públicos de Empleo autonómicos”. Esta es la postura adoptada tras la celebración de la LXXXII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, convocada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que tiene la finalidad de consultar a las comunidades autónomas sobre la nueva ley.
